Cuando los votantes se dirijan a las urnas el 8 de noviembre, elegirán al próximo gobernador del estado, al secretario de estado, al procurador general y a los titulares de otra serie de cargos. En la papeleta estatal también podrán opinar sobre cuatro consultas relacionadas con el aumento de los impuestos para las personas de ingresos altos, la reglamentación de los seguros dentales, las normas para otorgar licencias para la venta de licores y los permisos de conducir para los inmigrantes que residen en el país en situación irregular. A continuación, le explicamos lo que debe saber para emitir su voto.
Consulta 1: Aumento de los impuestos para las personas con ingresos altos
¿Qué lograría? A la consulta 1 a veces se la conoce como «la enmienda de la proporción justa», «la enmienda del aumento de los impuestos» o el «impuesto de los millonarios». Enmendaría la constitución estatal de manera que establezca una sobretasa adicional del 4 % que grava los ingresos de una persona que sean superiores a un millón de dólares. Ninguna persona que devengue menos de 1 millón de dólares se vería afectada.
Massachusetts tiene un sistema de impuesto de tasa única. Actualmente se gravan todos los niveles de ingresos con la misma tasa: el 5 %. El dinero que se recaudaría con el aumento de impuestos propuesto se destinaría a proyectos de transporte y educación, sujetos a la aprobación del cuerpo legislativo estatal.
Un voto de «sí» en esta consulta significa que usted quiere que el estado imponga un nuevo impuesto del 4 % que grave los ingresos personales por encima del millón de dólares. Dicho impuesto se sumará al impuesto de tasa única vigente del 5 %.
Un voto de «no» significa que usted quiere que la normativa fiscal actual siga vigente, sin modificación.
Los argumentos a favor: Los proponentes dicen que el cambio hará que el sistema fiscal sea más equitativo. «Hará que nuestro sistema fiscal sea más justo y proporcionará más dinero para el transporte y la educación», comentó Steve Crawford de Fair Share Massachusetts, en el programa Greater Boston. «Ahora mismo, las personas más adineradas del estado pagan una proporción menor en impuestos que todos los demás. Eso no es justo».
En un estudio de Tufts se vio que para 2023 el impuesto recaudaría aproximadamente 1300 millones de dólares para el estado, y «lo haría de una manera muy progresista que probablemente fomente la equidad racial y económica».
Los argumentos en contra: Los opositores afirman que las personas con ingresos altos ya pagan lo que les corresponde, ya que cuántos más ingresos tenga una persona, más dinero paga en impuestos con un sistema de tasa impositiva única.
Los opositores dicen también que nada garantiza que los dineros que se recauden se destinen para proyectos de educación y transporte, ya que el cuerpo legislativo estatal es quien decide cómo se usarán esos fondos. Algunos también han planteado la inquietud de que la sobretasa podría afectar a las personas con ingresos imprevistos como cuando venden una casa o un negocio, y podría perjudicar a las empresas pequeñas cuyos ingresos se declaran como ingresos personales que pasan por la empresa.
«Por muy buenas que sean las intenciones de los proponentes al tratar de gravar a los más ricos, con esto no se logra. Sí se aumentan los impuestos de decenas de miles de propietarios de empresas pequeñas en la peor coyuntura económica», le explicó a GBH News Dan Cence, de la Coalición para Detener la Enmienda para el Aumento de los Impuestos. «Massachusetts tiene un superávit presupuestario enorme en este momento. [...] No hay necesidad de generar más ingresos fiscales».
Consulta 2: Reglamentación de los seguros dentales
¿Qué lograría? La consulta 2 crearía una nueva normativa para los seguros dentales en Massachusetts, y exigiría a las aseguradoras cumplir con un índice de pérdidas médicas del 83 %, lo que significa que al menos 83 centavos de cada dólar que una aseguradora obtenga en primas se destinarían a la atención de los pacientes o a mejoras en la calidad, en lugar de ser utilizados para sufragar gastos administrativos. La medida también aumentaría la transparencia y exigiría que las aseguradoras compartieran sus datos financieros con los reguladores del estado, que podrían oponerse a los aumentos de las tarifas. A nivel nacional no existe ninguna ley como esta que se propone, aunque en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA o Affordable Care Act) sí se les fijan índices de pérdidas mínimas a las aseguradoras médicas.
Un voto de «sí» en la consulta 2 instituiría la nueva normativa para las compañías aseguradoras que ofrecen seguros dentales.
Un voto de «no» en la consulta 2 no cambiaría en nada la normativa vigente que rige a las compañías aseguradoras que ofrecen seguros dentales en Massachusetts.
Los argumentos a favor: Los proponentes dicen que la nueva normativa es mejor para los pacientes y evita que las empresas se vuelvan demasiado codiciosas. Dicen que tratará a las compañías de seguros dentales de la misma manera en que trata a las compañías de seguros médicos.
«En última instancia, a lo que se reduce esto es: ¿por qué se regulan los seguros médicos y no los seguros dentales?», preguntó el ortodoncista Mouhab Rizkallah, del Comité de Calidad de los Seguros Dentales, en el programa Greater Boston. Según Rizkallah, los pacientes se beneficiarían del cambio pues pagarían menos en primas, se les reembolsarían ciertas primas y verían reducciones en el monto de sus copagos.
Los argumentos en contra: Los opositores han calificado la consulta de la papeleta como «defectuosa» y han manifestado que los argumentos a favor de la misma «se basan en datos muy precarios», según el senador James Welch, del Comité para la Protección del Acceso Público a la Atención Dental de Calidad. Comentó en el programa Greater Boston que le preocupa que podrían aumentar los costos o disminuir las opciones de atención para los consumidores.
«Al evaluar cualquier política o recomendación que se relacione con la atención a la salud, siempre hay que preguntarse tres cosas, tres pilares principales: ¿Cómo afectará lo que tendrán que pagar los consumidores?, ¿cómo afectará el acceso de los consumidores? y ¿cómo afectará la calidad misma de la atención que reciben los consumidores? Y en las tres preguntas, esta consulta fracasa», puntualizó Welch.
Consulta 3: Ampliación de la disponibilidad de licencias para vender licores
¿Qué lograría? La
consulta 3 modificaría las licencias estatales para la venta de licores al fijar algunas normas nuevas para las tiendas. Los restaurantes y los bares no se verían afectados. La propuesta lograría lo siguiente:
- Ampliar el número de licencias para vender licores que puede tener un solo minorista o empresa para su cadena, duplicándolo gradualmente de 9 a 18 para 2031.
- Limitar a siete por minorista las licencias para vender «todos los licores», lo que significa que un minorista solamente podría vender la combinación de cerveza, vino y licores fuertes en siete de sus expendios.
- Prohibirles a los minoristas autorizar el autoservicio en la compra de licores.
- Implantar una nueva fórmula que aumente las multas a los minoristas que infrinjan las leyes sobre licores.
- Permitir que las personas con licencias de conducir de otros estados hagan uso de su licencia como prueba de su edad.
Un voto de «sí» permitiría realizar los cambios citados.
Un voto de «no» mantendría las leyes sobre la venta de licores tal y como se encuentran ahora. Sin embargo, las ciudades y los pueblos tendrían la última palabra sobre a quién se le otorga una licencia para la venta de licores y cuántas de dichas licencias hay disponibles en su propia jurisdicción.
Los argumentos a favor: Los proponentes de esta consulta, promovida por las tiendas locales que venden licores, la ven como un acuerdo para permitir que los expendios locales independientes sigan vendiendo licores, al tiempo que les ofrecen a los compradores más opciones en cuanto a los lugares donde pueden comprarlos, como las grandes tiendas de comestibles y las tiendas de conveniencia.
«Es casi como una especie de rama de olivo, o un acuerdo mutuo que [las tiendas de licores] están proponiendo para decir: “Miren, dejen de tratar de cambiar la ley en el cuerpo legislativo. Dejen de lado todo intento de ofrecer más consultas electorales para lograr que ese límite sea cada vez más alto. Vamos a resolverlo ahora con esta cifra más baja y dejémoslo así”», manifestó Mike Deehan de Axios Boston en el programa Under the Radar de GBH.
Los argumentos en contra: Los opositores dicen que es una especie de «curita» y que no avanza lo suficiente para darles a los consumidores más opciones. Tampoco son partidarios del aumento de las multas para los minoristas. Aclaran además que hay otras reformas más necesarias, como la de limitar el número de licencias y establecer una mayor vigilancia local.
«Ofrece una solución incompleta a un problema complejo», comenta Food Stores for Consumer Choice en su declaración oficial de oposición.
Consulta 4: Permisos de conducir para inmigrantes
¿Qué lograría? La consulta 4 insta a los votantes a opinar sobre la nueva ley estatal que les permite a los inmigrantes obtener un permiso de conducir de Massachusetts, independientemente de si residan en el país con la debida autorización o no. Seguirían teniendo que cumplir todos los requisitos, entre ellos, pasar el examen de conducir y mostrar una prueba de identidad y residencia. La ley también ordenaría que el Registro de Vehículos Automotores de Massachusetts (RMV) establezca procedimientos para que los inmigrantes sin estatus legal que obtengan una licencia de conducir no se inscriban automáticamente para votar.
El cuerpo legislativo estatal aprobó esa ley a principios de este año sobreponiéndose al veto del gobernador Charlie Baker.
Un voto de «sí» respaldaría la nueva ley que entraría en vigor el próximo mes de julio.
Un voto de «no» derogaría la ley, lo que significa que ningún inmigrante que viva en el país sin haber legalizado su estatus migratorio podría obtener un permiso de conducir de Massachusetts.
Los argumentos a favor: Los proponentes manifiestan que se trata de una medida práctica que ayuda a las personas que ya están aquí a participar en la vida cotidiana. Destacan los datos de seguridad pública que muestran que los accidentes en los que alguien atropella y se da a la fuga han disminuido considerablemente en las docenas de otros estados que han adoptado medidas parecidas. Los jefes de policía de varias localidades respaldan la medida.
«Esto hace que nuestras carreteras sean más seguras al exigir que todo el mundo siga el mismo conjunto de normas», dijo el senador Brendan Crighton, de Safer Roads Massachusetts, en el programa Greater Boston. «No es una cuestión de inmigración. Esto no tiene nada que ver con la inmigración. Se trata de lograr que corramos menos riesgos en nuestras carreteras. Nos aseguramos de que todos tengamos que pasar un examen de la vista y de conducir, y de que todos en el estado tengamos un seguro contra siniestros y un permiso de conducir».
Los argumentos en contra: Los opositores dicen que la ley daría un derecho a alguien que ha llegado al país de manera ilícita. También plantean la inquietud de que el RMV estatal no podrá examinar debidamente los documentos extranjeros, lo que significa que la ley podría llevar involuntariamente a que puedan votar personas que no reúnen los requisitos para votar.
«El Registro de Vehículos Automotores, que estará a cargo de esto, no tiene autoridad de conformidad con la Constitución federal ni con ninguna ley federal para otorgar legitimidad a personas que se encuentran en el país de manera irregular», dijo Jay McMahon, de Fair and Secure Massachusetts,
en el programa Greater Boston.
